Desde el pasado 1 de julio de 2022, y tras el fin de la moratoria concursal, los deudores que se encuentren en situación de insolvencia deberán solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos meses, con las responsabilidades que pueden derivarse a los administradores en caso de que el incumplimiento de este plazo cause un perjuicio a los acreedores.