En la sentencia de 8 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo fija el criterio de que los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación o los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades, aunque sometido a los límites de los gastos financieros establecidos en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.