
Con efectos desde el 3 de mayo se ha modificado la Ley General Tributaria para incorporar la obligación específica de cumplir con los requerimientos u obligaciones de información que reglamentariamente se establezcan a las personas y entidades que por aplicación de la normativa vigente, conozcan o estén en disposición de conocer la identificación de los beneficiarios últimos de las acciones.